
Aumentan los conflictos familiares, contractuales o empresariales originados por el progresivo envejecimiento de la población, los problemas derivados de la senilidad o de la proliferación de las enfermedades degenerativas
La discapacidad de la persona es un concepto tan amplio y tan complejo como la persona misma y sus circunstancias. Puede ser física, sensorial, intelectual o estar relacionada con su salud mental. Hoy, en una sociedad como la burgalesa, muy envejecida y cada vez más afectada por los problemas vinculados a la senilidad, las enfermedades degenerativas e incluso los ictus, la discapacidad es un fenómeno sociológico de gran magnitud que tiene impacto en muchos ámbitos, también en la actividad de las notarías, donde cada día se gestionan decisiones trascendentes para las personas, sus familias, su operativa económica y sus empresas.
Burgos no escapa de esta realidad que afecta a más de 1,6 millones de personas (y creciendo) con algún tipo de discapacidad en España. Es más, la problemática es tal que los propios notarios locales han sido los impulsores del Primer Foro de Discapacidad de Castilla y León, vinculado a la Fundación Notarial Aequitas, que reúne a representantes de la judicatura, la fiscalía, el notariado, la UBU y diferentes entidades del tercer sector para compartir experiencias y dar respuesta a esta gran problemática.
La movilización de los notarios obedece a una realidad: su responsabilidad con respecto a la discapacidad (actual o futura) de sus clientes es máxima desde la Ley 8/2021, de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Esta ley, que entró en vigor el 3 de septiembre de 2021, incorpora a nuestro ordenamiento los principios de la Convención de Nueva York de 2006, que España ratificó en 2007 y que entró en vigor en nuestro país en 2008.
La Ley, explica el notario Fernando Puente, delegado en Burgos de la Fundación Notarial Aequitas, se ocupa especialmente de aquellas personas que necesitan apoyo para ejercer su capacidad jurídica. «Tener una discapacidad –puntualiza– no significa necesariamente necesitar ayuda para tomar decisiones o realizar actos jurídicos. Cada persona tiene sus propias circunstancias y necesidades».
El sistema anterior, regulado fundamentalmente por el Código Civil, «era bastante paternalista y proteccionista»: una persona con discapacidad intelectual o mental era declarada incapaz tras un procedimiento judicial. Se le nombraba un tutor que asumía su representación y tomaba decisiones en su nombre. «La persona seguía siendo titular de derechos, pero podía quedar privada de la posibilidad de ejercerlos por sí misma. Su tutor decidía por ella, atendiendo a lo que consideraba más conveniente, que podía coincidir o no con la voluntad, los deseos y las preferencias de aquella persona. Es decir, se pretendía protegerla, pero muchas veces esa protección terminaba limitando enormemente su autonomía y su capacidad de decidir sobre su propia vida. Era, en definitiva, un sistema bastante rígido, de todo o nada: o la persona podía actuar por sí misma o alguien actuaba en su lugar».
La nueva ley supone un cambio de paradigma: todas las personas tienen derecho a ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, tengan o no una discapacidad. «Y esto significa –explica Puente– que ya no debemos partir de la idea de que una persona con discapacidad necesita que otra decida por ella. Lo que necesita, en su caso, es que alguien la ayude a comprender, valorar y expresar sus propias decisiones. La ley quiere que se respete su voluntad, sus deseos y sus preferencias, evitando cualquier discriminación por razón de discapacidad. Naturalmente, también establece salvaguardas para evitar abusos, conflictos de intereses o influencias indebidas».
Un segunda novedad muy importante, vinculada a cambio social que está suponiendo la mayor longevidad de las personas, es que «la Ley no solo afecta a quienes actualmente necesitan apoyos, sino también a quienes, estando perfectamente capacitados, quieren organizar anticipadamente cómo desean ser atendidos si algún día llegan a necesitar ayuda».
HAY QUE PREVENIR. Los notarios insisten sobre el desconocimiento que existe en torno a la posibilidad legal de organizar anticipadamente la potencial discapacidad futura.
«Esto no es algo que afecte solamente a las personas mayores. Cualquiera de nosotros puede encontrarse algún día en una situación en la que necesite ayuda para gestionar sus asuntos personales o patrimoniales. A veces, cuando alguien viene a la notaría a hacer testamento, me dice: «Quiero dejarlo todo organizado para que mis hijos no tengan problemas cuando yo falte...». Y está muy bien, naturalmente. Pero yo suelo plantearles otra reflexión: ¿y si antes de fallecer llega un momento en que ya no puede administrar sus bienes, gestionar su empresa o tomar determinadas decisiones? Porque, si no hemos previsto nada, pueden surgir dificultades importantes», explica el delegado del Colegio Notarial de Castilla y León en Burgos.
«Será muy conveniente determinar qué medidas de apoyo son necesarias y quién debe prestarlas, de no hacerlo, llegado el caso, pueden quedar paralizadas o seriamente dificultadas determinadas actuaciones personales y patrimoniales».
CONFLICTOS. El listado de conflictos en las notarías es muy amplio por esta problemática. Desde no poder cumplir una obligación contractual y perder, por ejemplo, las cantidades entregadas en un contrato de arras; los conflictos entre los familiares sobre quién debe asumir las funciones de apoyo; a que la persona que finalmente sea designada no sea aquella en la que habríamos confiado y que no querríamos para tal misión.
La falta de previsión de una futura discapacidad genera también dificultades para administrar nuestro patrimonio o atender nuestros compromisos económicos (como el pagar una residencia de ancianos, por ejemplo).
Y, en el ámbito empresarial, que se bloquee por largo periodo de tiempo la actividad de un autónomo o de una sociedad cuando la persona con discapacidad es el socio único y administrador único, o un socio mayoritario y resulta necesaria su intervención para adoptar determinados acuerdos, con mayorías reforzadas.
«Muchos de estos problemas –reflexiona Puente– pueden evitarse si tomamos medidas cuando todavía estamos en condiciones de decidir libremente. Podemos otorgar un poder preventivo, establecer medidas voluntarias de apoyo, designar a las personas en las que confiamos y determinar cómo queremos que actúen, con las facultades, garantías y controles que estimemos necesarias. En definitiva, estamos acostumbrados a organizar nuestra sucesión para cuando fallezcamos, pero deberíamos prestar la misma atención a organizar nuestro futuro para el caso de que algún día necesitemos ayuda para gestionar nuestra propia vida personal, patrimonial y empresarial».
En el fondo, puntualiza el notario burgalés, de eso trata esta ley, «de que podamos seguir siendo protagonistas de nuestras decisiones, incluso cuando necesitemos que alguien nos ayude a tomarlas. Si hacemos un esfuerzo de empatía y nos ponemos en situación, lo veremos claro».
Fernando Puente de la Fuente, delegado de la Fundación Notarial Aequitas en Burgos. / LUIS LÓPEZ ARAICO
1 ¿Discapacidad es lo contrario de capacidad?
«No. Hoy día ya no es posible incapacitar judicialmente a nadie. Se presume la capacidad de todas las personas, en consecuencia, desaparece la figura de la tutela de adultos y se sustituye por un sistema de apoyos. La diferencia fundamental es que antes se podía sustituir la voluntad de la persona y ahora se trata de ayudarla a que decida por sí misma. La capacidad jurídica comprende tanto ser titular de derechos como poder ejercerlos».
2 ¿Cómo ayudan los notarios a las personas?
«Nuestra responsabilidad ha aumentado. Por un lado, muchas de las medidas voluntarias de apoyo se formalizan ante notario. Y, por otro, porque tenemos que valorar cuidadosamente si una persona comprende lo que está haciendo y puede expresar su voluntad, teniendo en cuenta los apoyos y ajustes que necesite. Es una responsabilidad importante, porque tenemos que encontrar ese equilibrio entre proteger a la persona y respetar siempre su autonomía».







Dejar un comentario
Formulario de contacto
Gracias por contactar con nosotros
En breve atenderemos a su consulta y nos pondremos en contacto con usted en la mayor brevedad posible.
Ups, hubo un error al enviar tu mensaje.
Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

